El asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional en un ataque armado con armas de largo alcance en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, volvió a sacudir al país y dejó en evidencia la profunda crisis de seguridad que atraviesa Colombia
Los hechos se registraron en la noche del lunes 5 de enero, cuando una patrulla de la Policía adelantaba labores de vigilancia y control en el ingreso al casco urbano de Cartagena del Chairá, una zona históricamente afectada por la violencia y la presencia de estructuras criminales. En ese momento, los uniformados fueron sorprendidos por sujetos fuertemente armados, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada contra el vehículo policial, sin darles oportunidad de reacción.
Como consecuencia del ataque, murieron en el lugar de los hechos el subintendente Luis Alfonso Flórez Flérez y el patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno, víctimas de la gravedad de las heridas causadas por múltiples impactos de arma de fuego. En el mismo atentado resultaron gravemente heridos el intendente Jhorjan Fabián Márquez y el patrullero Jhon Taborda Suárez, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial y permanecen bajo pronóstico reservado.
Más allá del dolor que enluta a la Policía Nacional y a las familias de las víctimas, el atentado ocurrido en Caquetá reaviva la preocupación por el deterioro acelerado del orden público y la creciente capacidad de fuego de los grupos armados ilegales, una situación que, según analistas y sectores políticos, se ha intensificado durante el actual gobierno bajo la bandera de la llamada “paz total”.
Desde el inicio de la administración del presidente Gustavo Petro, se han multiplicado las advertencias sobre los riesgos de una estrategia de seguridad basada en ceses al fuego, diálogos sin condiciones claras y una reducción de la presión operativa contra las organizaciones criminales. Para sus críticos, estas decisiones han terminado fortaleciendo a los grupos armados, que hoy operan con mayor libertad, control territorial y poder de intimidación en varias regiones del país.
Cartagena del Chairá se ha convertido en un reflejo de esa realidad. El ataque contra la patrulla policial no fue un hecho aislado ni fortuito, sino una acción claramente planificada, ejecutada con armas de largo alcance y conocimiento del terreno, lo que evidencia inteligencia previa y dominio territorial por parte de los agresores. Para expertos en seguridad, este tipo de ataques demuestra que las estructuras ilegales no solo mantienen su capacidad armada, sino que se sienten en condiciones de desafiar abiertamente a la institucionalidad.
La respuesta oficial, centrada en mensajes de condena y anuncios de refuerzos temporales de seguridad, resulta insuficiente frente a una problemática estructural que se ha agravado. Diversos sectores cuestionan que, mientras el Gobierno insiste en el discurso del diálogo, la Fuerza Pública enfrenta restricciones operativas y falta de respaldo político, lo que incrementa su vulnerabilidad en el terreno.
El atentado generó reacciones de rechazo desde distintos sectores. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mayor general (r) Eliecer Camacho, candidato al Senado del partido Creemos avalado con el número 5, expresó su más enérgica condena por el asesinato de los uniformados y manifestó su solidaridad con las familias, seres queridos y compañeros de las víctimas. En su pronunciamiento, advirtió sobre el grave mensaje que se envía al país cuando los violentos actúan con impunidad y el Estado pierde capacidad de control en los territorios.
La muerte de los dos policías se suma a una preocupante cadena de ataques contra la Fuerza Pública registrados durante el actual gobierno, en un contexto en el que las cifras de homicidios, extorsiones y acciones armadas continúan generando alarma. Aunque desde el Ejecutivo se insiste en atribuir la violencia a causas históricas, los hechos recientes reflejan una realidad que se ha profundizado en los últimos años.
Regiones como Caquetá, Arauca, Cauca, Nariño y el Catatumbo evidencian una expansión sostenida de los grupos armados ilegales, que han aprovechado la disminución de la presión estatal para fortalecer economías ilícitas y consolidar su control territorial. El ataque en Cartagena del Chairá es una muestra clara de cómo esta dinámica termina traduciéndose en más violencia, más víctimas y mayor incertidumbre para la población civil.
Mientras el Gobierno mantiene una narrativa centrada en la paz, la realidad sobre el terreno muestra a policías y soldados enfrentando escenarios de alto riesgo, con reglas de enfrentamiento confusas y sin el respaldo político necesario para cumplir plenamente su misión constitucional.
El asesinato del subintendente Luis Alfonso Flórez Flérez y del patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno no solo enluta a sus familias y a la Policía Nacional, sino que plantea un interrogante de fondo sobre el rumbo de la política de seguridad en Colombia. Sin una estrategia clara, firme y coherente para enfrentar a los grupos armados ilegales, el país corre el riesgo de normalizar la violencia y seguir contando a sus uniformados caídos, mientras el Estado pierde presencia en los territorios.
En Caquetá y en muchas otras regiones, la ciudadanía exige algo más que discursos: exige autoridad, seguridad efectiva y protección real para la Fuerza Pública y para las comunidades que, desde hace décadas, viven bajo la amenaza constante de los violentos.
