Empresarios advierten más despidos e informalidad
El reciente aumento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) decretado por el Gobierno Nacional volvió a encender el debate económico en Colombia. Aunque el Ejecutivo presenta la medida como un avance en materia de justicia social, gremios empresariales y analistas advierten que el incremento, al no estar respaldado por crecimiento económico ni mejoras en productividad, podría traducirse en despidos, mayor informalidad y un deterioro en las condiciones reales de empleo.
Si bien el salario mínimo con auxilio de transporte se aproxima a los $2.000.000, el costo real para las empresas es considerablemente superior. De acuerdo con estimaciones difundidas por medios económicos, contratar a un trabajador que devenga el SMLV cuesta cerca de $2.975.614 mensuales, como resultado de las cargas obligatorias en seguridad social y prestaciones sociales. En términos prácticos, estas obligaciones representan un 44,79 % adicional sobre el salario base.
Este sobrecosto incluye aportes a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación, cesantías, primas y vacaciones. Para las micro, pequeñas y medianas empresas —que concentran una parte significativa del empleo formal en el país—, asumir estos costos resulta cada vez más complejo en un contexto marcado por bajo crecimiento económico, alta presión tributaria y estancamiento de la productividad.
ACOPI prende las alertas
En las últimas horas, directivos de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) expresaron su preocupación frente al aumento del salario mínimo. El gremio advirtió que el incremento supera las proyecciones presupuestales de muchas empresas y que, lejos de incentivar la contratación, podría llevar a la congelación de vacantes, a despidos y a un mayor traslado de trabajadores hacia la informalidad.
ACOPI ha reiterado que los salarios sostenibles no se decretan, sino que se construyen a partir de productividad, inversión y crecimiento económico, variables que hoy no muestran avances suficientes. Según el gremio, aumentar el salario mínimo sin una reducción paralela de los costos laborales ni mejoras en la competitividad termina afectando especialmente a los trabajadores de menores ingresos y a los jóvenes que buscan su primer empleo.
Cuestionamientos al enfoque económico del Gobierno
Desde distintos sectores también se cuestiona el enfoque del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que confunde política social con populismo económico. Para los críticos, decisiones de alto impacto como el aumento del SMLV se estarían adoptando sin el respaldo técnico necesario, desconociendo la capacidad real de pago del aparato productivo.
“El salario mínimo no cuesta dos millones, cuesta casi tres”, señalan analistas, subrayando que cada incremento por decreto, sin crecimiento económico, termina reduciendo la contratación formal y fortaleciendo la informalidad. En este escenario, el aumento no se traduce en un mayor ingreso real para los trabajadores, sino en un debilitamiento de la base empresarial y del empleo formal.
Un riesgo estructural para el mercado laboral
Colombia ya enfrenta altos niveles de informalidad laboral. Expertos advierten que insistir en incrementos del salario mínimo sin una estrategia integral de crecimiento económico puede profundizar este problema estructural, afectando la sostenibilidad del empleo y limitando las oportunidades de progreso social.
El consenso entre empresarios y analistas es claro: defender el empleo formal también es defender al trabajador. Sin empresas viables, no hay salarios dignos ni reducción sostenible de la pobreza. Por ello, concluyen, el aumento del salario mínimo, cuando no está acompañado de crecimiento, productividad y competitividad, no es una política de desarrollo, sino una decisión que corre el riesgo de agravar la informalidad y profundizar la pobreza que pretende combatir.
