La venta directa de $23 billones en deuda pública revela no solo fragilidad fiscal, sino una peligrosa combinación de opacidad, discrecionalidad y manipulación del discurso económico
La reciente venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por US$6.000 millones, equivalentes a $23 billones, realizada por el Ministerio de Hacienda el pasado viernes 19 de diciembre, no puede ni debe ser analizada como una operación financiera ordinaria. Más allá de su magnitud, se trata de una decisión que enciende alertas profundas sobre el manejo de las finanzas públicas, la transparencia institucional y el rumbo fiscal que está tomando Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro.
El Ejecutivo ha intentado presentar esta transacción como un supuesto “voto de confianza” de un gran inversionista extranjero en la economía colombiana. Sin embargo, una lectura técnica y política del hecho conduce a una conclusión muy distinta: no estamos ante una señal de fortaleza, sino frente a un movimiento defensivo, motivado por crecientes presiones fiscales y una evidente fragilidad de caja, cuidadosamente maquillado mediante un relato oficial diseñado para minimizar sus riesgos y amplificar sus supuestos beneficios.
Una deuda sin competencia
El primer y más grave problema de esta operación no es únicamente el endeudamiento en sí mismo, sino la forma en que se realizó. La colocación fue hecha de manera directa, sin subasta pública, sin competencia abierta y sin un proceso transparente de formación de precios. En términos simples, el inversionista fue escogido a dedo.
Durante décadas, el mercado de TES ha sido uno de los principales activos de credibilidad macroeconómica de Colombia. Su fortaleza radicaba en reglas claras: concurrencia, transparencia y confianza en el mercado. Romper con ese principio no es un ajuste técnico, es una decisión política que debilita la institucionalidad y abre la puerta a dudas legítimas sobre la defensa del interés público.
Cuando el Estado decide endeudarse sin competencia, también decide renunciar a demostrar que obtuvo las mejores condiciones posibles para los colombianos.
Opacidad que alimenta sospechas
A esta ruptura de reglas se suma un elemento aún más delicado: la opacidad. Hasta ahora, el Gobierno no ha ofrecido información suficiente sobre los criterios utilizados para seleccionar al inversionista, ni ha publicado de forma detallada las condiciones comparativas de la operación.
En un país con una larga historia de escándalos relacionados con contratación y finanzas públicas, esta falta de claridad no es un asunto menor. Las negociaciones discrecionales de deuda generan, inevitablemente, sospechas de clientelismo y corrupción, incluso cuando no existan pruebas inmediatas.
La confianza no se decreta ni se construye con discursos: se construye con reglas claras y verificables.
El lenguaje como herramienta de manipulación
Aquí aparece un componente más profundo y preocupante: el uso ideológico del lenguaje. El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado una habilidad sistemática para invertir el significado de los hechos, presentando señales de debilidad como supuestos logros estratégicos.
Tal como lo advirtió durante años el filósofo brasileño Olavo de Carvalho, uno de los mecanismos centrales de los proyectos ideologizados consiste en reconfigurar el lenguaje para transformar el fracaso en virtud. Bajo esta lógica, una operación motivada por urgencias fiscales se vende como “confianza internacional”; una ruptura de las reglas del mercado se presenta como “innovación financiera”; y un mayor endeudamiento se disfraza de estabilidad macroeconómica.
Cuando el lenguaje sustituye a la realidad, el debate público se vacía de contenido y la ciudadanía pierde herramientas para evaluar decisiones que comprometen su futuro económico.
Una mala señal para el mercado local
Este tipo de operaciones también envía un mensaje inquietante a los inversionistas nacionales. Fondos de pensiones, bancos y aseguradoras —que históricamente han financiado al Estado colombiano— entienden el mensaje: ya no basta con ofrecer buenas condiciones financieras; también importa el acceso político.
Ese cambio de reglas erosiona la confianza, reduce la competencia futura y, a mediano plazo, encarece el costo de la deuda pública. Y cuando la deuda se encarece, no paga el Gobierno de turno: pagan los ciudadanos, en forma de menor inversión social, menor crecimiento económico y mayores cargas fiscales futuras.
Una advertencia desde el Congreso
Las alertas no provienen únicamente de economistas y analistas del mercado. Desde el Congreso de la República, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció con dureza frente a esta operación. En un mensaje publicado en la red social X el 20 de diciembre a las 5:15 a. m., cuestionó abiertamente la narrativa oficial del Ministerio de Hacienda:
“El @MinHacienda celebra la venta de TES por $23 billones como un logro. ¿Éxito? No. Más deuda para los colombianos, más carga para futuras generaciones. Endeudar al país no es una victoria, es una irresponsabilidad”.
La senadora fue aún más directa al advertir que el problema no es la falta de recursos, sino el mal manejo de los existentes:
“Aquí no falta plata, sobran ladrones”.
Más allá del tono, el mensaje sintetiza una preocupación real y ampliamente compartida: la normalización del endeudamiento como política pública, presentada como éxito, mientras se evita el debate de fondo sobre el gasto, la eficiencia del Estado y la transparencia.
Un síntoma de un problema estructural
La venta directa de TES no es un hecho aislado. Es coherente con una tendencia creciente del actual gobierno: sustituir la disciplina fiscal por endeudamiento, y la responsabilidad técnica por decisiones de alto contenido ideológico.
Lejos de enfrentar el problema estructural del gasto público, el Ejecutivo ha optado por patear la pelota hacia adelante, comprometiendo recursos futuros y dejando una carga fiscal cada vez más pesada para el próximo gobierno.
Reducir necesidades de financiamiento futuras, como afirma el Ministerio de Hacienda, no es una solución estructural si se hace sacrificando la transparencia y debilitando la credibilidad institucional.
Una alerta que no debe ignorarse
La colocación de TES “a dedo” no es un triunfo ni una buena noticia. Es una señal de advertencia temprana. Colombia está entrando en una fase en la que el relato intenta reemplazar a la solvencia, y la discrecionalidad amenaza con sustituir a las reglas.
Cuando el Estado administra la deuda pública sin competencia y justifica sus errores con propaganda, el riesgo deja de ser solo financiero y se convierte en un riesgo institucional y democrático.
Ignorar esta señal sería un error que Colombia no puede permitirse.
Por: Javier Alejandro Hernández Correa
Director del portal de noticias Los Independientes JJ
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