La reforma laboral, presentada como una iniciativa para mejorar las condiciones de los trabajadores, ha generado gran preocupación en el sector empresarial y entre los trabajadores.
Aunque sus defensores aseguran que reducirá el desempleo, la realidad es que podría provocar despidos masivos y afectar gravemente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que representan el 90% de la oferta laboral en el país.
El 27 de mayo de 2025, el Congreso debatió la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Mientras el oficialismo insiste en que la medida beneficiará a los trabajadores, las cifras muestran lo contrario: el empleo generado en los últimos meses es mayoritariamente informal, con bajos salarios y sin protección legal.
Según el DANE, de los 971.000 nuevos puestos creados, el 78% son informales, lo que equivale a 757.380 empleos sin estabilidad ni garantías. Además, el Banco de la República ha advertido que aproximadamente 450.000 empleos están en riesgo como consecuencia directa de la reforma laboral.
Las PyMEs, que son el motor del empleo formal en Colombia, serán las más afectadas por las nuevas disposiciones. Con mayores costos laborales y menos incentivos para contratar, muchas de estas empresas podrían verse obligadas a reducir su plantilla o incluso cerrar. Esto generará una crisis laboral que impactará a miles de trabajadores, reduciendo aún más la estabilidad del empleo formal en el país.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), las medidas implementadas lograron un crecimiento económico significativo, reduciendo la informalidad y aumentando el empleo formal. Según el DANE, en ese período se generaron 3.668.000 nuevos empleos formales, y la tasa de desempleo bajó del 15,8% al 11,2%.
Además, la capacidad adquisitiva de los colombianos mejoró considerablemente, mientras que la inflación cayó más del 60%, pasando del 5,98% en agosto de 2002 al 2,31% en agosto de 2010 (Fuente: Banco de la República).
A pesar de los argumentos oficiales, la reforma laboral sigue despertando inquietudes. La izquierda representada por el gobierno de Gustavo Petro ha cuestionado las condiciones laborales actuales, pero los datos muestran que Colombia, bajo la ley vigente, se encuentra en una posición favorable en comparación con otros países de Latinoamérica, siendo superado únicamente por Panamá.
Otro aspecto preocupante es la extorsión que asfixia el comercio en Colombia, un factor que contribuye a la pérdida de empleos. Sin embargo, el gobierno no ha logrado implementar políticas de seguridad efectivas para contrarrestar esta problemática.
Finalmente, la propuesta de modificar el contrato de aprendizaje afectaría a los estudiantes del SENA, ya que muchas empresas podrían optar por pagar al gobierno en lugar de ofrecer oportunidades a los aprendices, reduciendo así las posibilidades de formación y empleo para los jóvenes.
