El 28 de mayo de 2025, Bogotá vivió una nueva jornada de protestas que, más allá de las consignas políticas, afectó profundamente a quienes dependen del Transporte Público Masivo para movilizarse.
Desde temprano, los bloqueos en puntos clave de la ciudad dejaron sin alternativas a miles de ciudadanos que sólo querían llegar a sus trabajos y regresar con sus familias al finalizar la jornada.
Desde la madrugada, el sistema TransMilenio comenzó a verse afectado. En sectores como el Portal Américas, la Autopista Sur y la Avenida NQS, los manifestantes bloquearon accesos, impidiendo la circulación de los articulados y dejando a cientos de pasajeros varados. Mientras la jornada avanzaba, las protestas se tornaron más agresivas, con bloqueos intermitentes y enfrentamientos con la fuerza pública.
Para los trabajadores, el impacto fue devastador. Madres que, tras una jornada laboral, esperaban volver a casa a compartir tiempo con sus hijos, se encontraron sin transporte, obligadas a caminar largas distancias en busca de alternativas. Lo mismo sucedió con quienes dependen del sistema para movilizarse desde Soacha y otras zonas periféricas.
A las 3:45 p.m., la Secretaría de Gobierno anunció que la etapa de diálogo se había agotado y que la Policía de Bogotá actuaría para despejar puntos críticos como la estación Banderas de TransMilenio. Minutos después, en la NQS con Calle 45, gestores de convivencia rescataron a una persona que estaba siendo agredida por encapuchados.
El alcalde Carlos Fernando Galán publicó un video a las 7:17 p.m., asegurando que la administración siguió los protocolos de mediación, pero que algunos grupos no buscaban una protesta legítima, sino bloquear la ciudad e impedir la movilidad de los ciudadanos.
Sin embargo, la respuesta oficial llegó tarde para los cientos de trabajadores que intentaban regresar a casa. «No hay derecho a que cientos de trabajadores que viven en el sur y en Soacha lleven caminando desde el mediodía», comentó un ciudadano en redes sociales. Otros criticaron la demora en la intervención: «Había que actuar desde las seis de la mañana, ahora la tragedia es para quienes pretenden regresar después de la jornada laboral».
La Corte Constitucional ha sido clara en sus fallos sobre el derecho a la protesta. En su jurisprudencia, ha establecido que las manifestaciones pierden su legitimidad cuando recurren a la violencia y afectan los derechos de quienes no protestan, como el acceso al transporte público. Este equilibrio entre el derecho a la movilización y el respeto por la cotidianidad de los ciudadanos sigue siendo un desafío para Bogotá.
Mientras la ciudad intenta retomar la normalidad, queda la pregunta de si es posible manifestarse sin que miles de familias sufran las consecuencias.
