El Gobierno Nacional anunció una estrategia integral para cortar las comunicaciones utilizadas desde los establecimientos penitenciarios para coordinar extorsiones y otros delitos. La operación contempla bloqueo de celulares y líneas, inhibición de señales, requisas, controles de energía y seguimiento permanente.
El Gobierno Nacional anunció una nueva ofensiva para impedir que las cárceles colombianas continúen siendo utilizadas como centros de coordinación de extorsiones y otras actividades criminales.
Por disposición del presidente Abelardo De La Espriella, la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, vienen articulando acciones con los operadores de telefonía móvil, el Inpec, el Gaula, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y Meta para fortalecer el control de las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios.
La estrategia busca acelerar la aplicación del Decreto 851 de 2024, que establece mecanismos para restringir las comunicaciones ilegales desde las cárceles y permite solicitar el bloqueo de equipos y líneas vinculados con actividades delictivas.
Bloqueos de IMEI e IMSI y respuesta más rápida
Uno de los principales objetivos del Gobierno es reducir el tiempo que transcurre entre la identificación de una línea utilizada para extorsionar y su bloqueo efectivo.
En un debate de control político realizado el pasado 22 de septiembre, el ministro Iván Cancino señaló que el Gobierno pretende reducir de 30 a 15 días el tiempo de respuesta y posteriormente llevarlo a ocho días.
El procedimiento contempla la identificación de números telefónicos, equipos y tarjetas SIM relacionados con comunicaciones delictivas, para posteriormente solicitar a los operadores el bloqueo de los respectivos IMEI e IMSI.
De acuerdo con información presentada durante el debate, entre enero y agosto de 2026 fueron recibidas 24.675 denuncias de extorsión por parte del Gaula y el Inpec, mientras que se reportaron 3.266 bloqueos de líneas o terminales asociados con establecimientos penitenciarios.
El Gobierno busca modificar esta dinámica para que una denuncia que permita identificar una comunicación criminal tenga una respuesta mucho más rápida.
