El cierre del Gran Bazar, el uso de fuerza letal y el apagón de internet profundizan el rechazo al régimen clerical y refuerzan el reclamo de que ninguna fe justifica la violencia contra el pueblo.
Teherán / Irán.
Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Pese a la represión, las detenciones masivas y el persistente apagón de internet, las protestas no solo continúan, sino que se expanden. En las últimas horas, un actor históricamente clave y prudente —los comerciantes— ha vuelto a manifestar su rechazo directo al régimen clerical, marcando un quiebre profundo en el equilibrio social y político del país.
El cierre intermitente del Gran Bazar de Teherán, considerado desde hace décadas un termómetro del clima social iraní, se ha repetido nuevamente, incluso bajo fuerte presencia de fuerzas de seguridad. Para muchos analistas, este gesto representa algo más que una protesta económica: es una señal clara de ruptura entre sectores tradicionales y el poder de los ayatolás.
El detonante económico que se convirtió en reclamo político
Los comerciantes denuncian una situación insostenible: inflación persistente, devaluación histórica del rial, caída del consumo y paralización del comercio. A esto se suma el apagón de internet, que en la práctica bloquea pagos electrónicos, operaciones logísticas y vínculos con mercados externos.
Lo que comenzó como un reclamo por pérdidas económicas ha evolucionado rápidamente hacia un cuestionamiento político directo. En consignas escuchadas en mercados y calles, los manifestantes señalan al liderazgo clerical como responsable del colapso económico y del aislamiento del país.
“La religión no es excusa para la represión”
Uno de los elementos más significativos de esta nueva fase de protestas es el rechazo explícito a que la religión sea utilizada como justificación de la violencia estatal. Comerciantes, estudiantes y trabajadores coinciden en un mensaje central: ninguna tradición ni fe autoriza al poder a disparar contra su propio pueblo.
En las últimas horas, organizaciones de derechos humanos han reiterado denuncias sobre el uso de armas letales contra manifestantes, disparos a corta distancia y detenciones arbitrarias. Casos recientes de jóvenes y estudiantes muertos durante manifestaciones han intensificado la indignación social y han reforzado la percepción de que el régimen recurre a la fe como escudo ideológico para reprimir.
Apagón informativo y control por la fuerza
El régimen mantiene restricciones severas a las comunicaciones, limitando el acceso a redes sociales y a internet internacional. Esta estrategia, según activistas, busca impedir la coordinación de las protestas y ocultar la magnitud real de la represión.
Aun así, testimonios que logran salir del país indican que en las últimas horas se ha reforzado la presencia de la Guardia Revolucionaria y de la milicia Basij en zonas comerciales, con amenazas de cierres forzados, multas y arrestos selectivos. Lejos de contener el descontento, estas medidas parecen alimentar aún más la protesta.
Una crisis que desborda lo económico
La participación activa de los comerciantes confirma que la crisis iraní ya no es sectorial ni coyuntural. Cuando el bazar, la calle y los sectores populares convergen, el conflicto se transforma en estructural. El mensaje que emerge es claro: la legitimidad basada en la tradición religiosa ya no alcanza para sostener un sistema que reprime y empobrece.
Las protestas actuales no atacan la fe, sino su instrumentalización política. En palabras que se repiten entre persianas cerradas y calles vigiladas, los iraníes reclaman dignidad, derechos y un cambio profundo: una religión no puede ser causa ni excusa para atacar al pueblo.
