La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de imponer una sanción de ocho años a siete exintegrantes del último secretariado de las FARC por más de 21.000 casos de secuestro generó una fuerte reacción política en el país. La precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó el fallo y aseguró que este constituye una afrenta para las víctimas del terrorismo.
“Es una burla para miles de colombianos que sufrieron secuestro, asesinato y desplazamiento por parte de las FARC. No fueron escuchados ni reparados, y lo que vemos hoy es impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad”, afirmó Cabal.
En su intervención, la senadora recalcó que en un eventual gobierno suyo, a partir de 2026, se tomarán medidas inmediatas para garantizar justicia real:
- Cooperación plena con instancias internacionales para que los responsables de crímenes graves enfrenten procesos judiciales efectivos.
- Fortalecimiento de la Fiscalía y de las unidades de derechos humanos para acelerar investigaciones.
- Acceso de las víctimas a la verdad, reparación efectiva y garantías de no repetición.
La precandidata insistió en que “no es venganza, es Estado de derecho” y que la justicia debe ser la base para construir una paz verdadera.
El debate sobre la legitimidad y los alcances de la JEP vuelve a encender la polarización política en Colombia, pero también abre un camino electoral en el que María Fernanda Cabal busca consolidarse como la alternativa que defienda a las víctimas, garantice el orden y ponga freno a lo que ha calificado como el caos heredado de las negociaciones con la antigua guerrilla.
Para Cabal, el 2026 representa la oportunidad de corregir el rumbo del país: “La única salida al desorden es un gobierno firme que garantice justicia y seguridad. Esa es la paz que Colombia necesita”, señaló.
