La salud en Colombia, históricamente, ha sido un terreno de disputas políticas, tensiones financieras y luchas por garantizar un derecho fundamental en medio de limitaciones presupuestales.
Desde la Constitución de 1991 y la creación de la Ley 100 de 1993, el país adoptó un modelo mixto en el que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) jugaron el papel de aseguradoras entre los recursos públicos y la atención médica prestada por clínicas y hospitales. Durante tres décadas, el sistema tuvo avances significativos en cobertura, pasando de menos del 30 % de la población afiliada a más del 97 %. Sin embargo, también acumuló problemas: deudas crecientes, corrupción en algunas EPS y una judicialización excesiva de la salud a través de tutelas.
En 2022, Gustavo Petro llegó al poder con una promesa: transformar el sistema de salud y “acabar con la intermediación financiera que convierte la salud en un negocio” una narrativa falsa que destruye el aseguramiento y la inversión privada al sistema de salud adicionalmente restringe la entrada de nuevas tecnologías que mejoran el sistema de salud. Su propuesta no se limitaba a corregir fallas técnicas o a fortalecer el modelo mixto, sino que buscaba un cambio estructural hacia una concepción estatista de la salud, donde el Estado concentrara las funciones de planeación, financiamiento y administración, minimizando el rol del sector privado. Esa visión, inspirada en modelos de corte socialista en América Latina, es hoy una de las causas principales del deterioro acelerado del sistema.
La crisis de la salud en Colombia no es un accidente ni un fenómeno inesperado. Es la consecuencia directa de una ideología que privilegia el control político del Estado sobre la eficiencia técnica, que desconfía de la colaboración público-privada y que antepone el dogma a las soluciones prácticas.
La raíz ideológica: la visión estatista de Petro
Para entender el momento actual, es necesario partir de la cosmovisión que orienta las decisiones del presidente. Gustavo Petro sostiene que el sistema de salud colombiano es un “mercado de enfermos” donde las EPS actúan como aseguradoras que maximizan utilidades a costa de los pacientes. Según él, la salud no debe ser gestionada como un servicio prestado bajo reglas de eficiencia y sostenibilidad, sino como un derecho absoluto que el Estado debe garantizar de manera directa, eliminando el aseguramiento
Este enfoque responde a una visión estatista, donde la centralización se presenta como la solución a todos los males. En el plano de la salud, esto se tradujo en propuestas como:
- La eliminación progresiva de las EPS.
- El fortalecimiento de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) como gran tesorería estatal.
- La creación de redes regionales de atención administradas por entes públicos.
- La compra centralizada de medicamentos y tecnologías en salud.
El problema es que esta ideología desconoce un hecho fundamental: los sistemas estatizados en América Latina han demostrado ser ineficientes, propensos a la corrupción y limitados en innovación y cobertura. Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos claros de cómo la concentración de funciones en manos del Estado no garantiza calidad, sino precariedad.
Medidas adoptadas y sus efectos
Aunque el Congreso bloqueó en varias ocasiones la reforma estructural a la salud presentada por Petro, su gobierno optó por avanzar con decretos, intervenciones administrativas y giros presupuestales que en la práctica alteraron el funcionamiento del sistema.
1. Intervenciones masivas a EPS
El gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, intervino varias EPS bajo el argumento de malos manejos financieros y fallas en la atención. La Nueva EPS, Sanitas y otras entidades fueron puestas bajo la lupa. Sin embargo, lejos de mejorar los indicadores, las intervenciones profundizaron los problemas: aumentaron las quejas, crecieron los tiempos de espera y se dispararon las deudas con hospitales y clínicas. En la Nueva EPS, por ejemplo, tras la intervención se registró un incremento notable en las PQR (peticiones, quejas y reclamos).
2. Centralización de los recursos
La apuesta por girar los recursos directamente desde la ADRES a las IPS pretendía eliminar la intermediación de las EPS. Pero este mecanismo ha demostrado ser lento, burocrático y poco transparente. Clínicas y hospitales denuncian que los giros no llegan a tiempo, lo que genera crisis de liquidez y amenaza la sostenibilidad de servicios esenciales como urgencias y UCI.
3. Compra estatal de medicamentos
El gobierno también impulsó la compra centralizada de medicamentos para evitar desabastecimientos. La lógica era clara: si el Estado compra en bloque, puede negociar mejores precios. Pero en la práctica, esta medida creó cuellos de botella, retrasos en la distribución y mayor riesgo de corrupción en los procesos de contratación. Pacientes de enfermedades huérfanas y tratamientos de alto costo han sido los más afectados.
4. Desconfianza hacia el sector privado
El discurso del presidente contra las EPS y las clínicas privadas deterioró la confianza del sector privado en la estabilidad del sistema. Muchos proveedores de medicamentos, insumos y servicios han reducido su disposición a otorgar crédito, generando aún más presión financiera.
Consecuencias visibles de la política estatista
Los efectos de estas decisiones no tardaron en sentirse. Hoy, la crisis de la salud en Colombia se expresa en múltiples frentes:
- Deuda creciente: Las EPS acumulan un déficit superior a 32,9 billones de pesos. El patrimonio negativo de varias entidades se disparó en los últimos dos años, en buena parte porque no existen mecanismos claros de transición entre el modelo actual y el que propone el gobierno.
- Aumento de tutelas: Ante la falta de atención oportuna, los pacientes recurren cada vez más a la justicia para exigir medicamentos, cirugías y tratamientos. La salud sigue siendo el derecho más tutelado en Colombia, y el número de casos ha aumentado en el actual gobierno.
- Deterioro en la atención: Los usuarios enfrentan demoras en citas médicas, procedimientos y entrega de medicamentos. Hospitales denuncian falta de recursos y personal, lo que se traduce en sobrecarga y deterioro de la calidad del servicio.
- Desabastecimiento: La centralización de la compra de medicamentos no resolvió el problema del acceso, sino que lo agravó en algunos segmentos, especialmente en patologías de alto costo.
- Incertidumbre institucional: La reforma sigue en el limbo. El gobierno insiste en aplicarla parcialmente por decreto, lo que genera inseguridad jurídica y administrativa para todos los actores del sistema.
La comparación regional: lecciones ignoradas
La experiencia de otros países debería haber sido suficiente advertencia. En Venezuela, la estatización de la salud llevó al colapso hospitalario, con centros médicos sin insumos básicos y pacientes muriendo por falta de atención. En Cuba, la atención primaria es universal, pero los hospitales carecen de tecnologías modernas y muchos profesionales de la salud trabajan en condiciones precarias. Nicaragua, por su parte, enfrenta un sistema completamente politizado, donde el acceso depende de la cercanía al régimen.
En contraste, países como Chile y Brasil han mantenido sistemas mixtos, donde el Estado regula y financia, pero el sector privado juega un papel central en la prestación de servicios. Estos modelos han logrado mejores indicadores en cobertura y calidad, demostrando que la clave no es estatizar, sino equilibrar.
Colombia, bajo la orientación de Petro, parece moverse más hacia el modelo venezolano y cubano que hacia un esquema mixto moderno. La insistencia en que el Estado debe controlarlo todo está conduciendo a un debilitamiento progresivo de los logros alcanzados en las últimas tres décadas.
El costo político y social
La crisis de la salud tiene un costo político para el gobierno, pero sobre todo un costo humano y social. Los pacientes son los más golpeados: adultos mayores sin medicamentos, niños esperando tratamientos, familias obligadas a interponer tutelas para acceder a lo básico.
La politización del sistema ha generado un ambiente de confrontación permanente, donde cualquier crítica es presentada como un ataque de “los mercaderes de la salud”, y cualquier problema es atribuido a la herencia de gobiernos anteriores. El resultado es que no se construyen consensos, sino trincheras ideológicas.
Además, la crisis de la salud se suma a otros frentes críticos: inseguridad, deterioro económico, déficit fiscal. La narrativa estatista de Petro se repite en todos ellos: más centralización, más control político, menos confianza en el sector privado. Y en todos, los resultados son los mismos: deterioro, ineficiencia y caos.
Conclusión: cuando la ideología enferma al sistema
La crisis de la salud en Colombia no se explica únicamente por los problemas históricos del sistema. Es, ante todo, el resultado de una ideología errada que ha puesto al país en una ruta de colapso. El estatismo de Gustavo Petro, inspirado en modelos fracasados de la región, ha generado incertidumbre, ha debilitado las instituciones y ha empeorado la atención a los ciudadanos.
En lugar de construir sobre lo que funcionaba y corregir lo que estaba mal, el gobierno decidió dinamitar el sistema con discursos y medidas improvisadas. La obsesión por eliminar a las EPS, en vez de mejorarlas, abrió una crisis que hoy amenaza la sostenibilidad del derecho a la salud.
La lección es clara: los derechos fundamentales no se garantizan con discursos ideológicos ni con centralización estatal. Se garantizan con sistemas eficientes, transparentes y sostenibles, donde el Estado, el sector privado y la sociedad civil colaboren en beneficio de los ciudadanos. Petro eligió el camino contrario, y el resultado es evidente: una salud más enferma que nunca.
El futuro del sistema dependerá de la capacidad de rectificación, de abrir un debate serio, técnico y libre de dogmas. De lo contrario, Colombia corre el riesgo de perder en pocos años lo que tardó tres décadas en construir.
