En un acto que ha dejado perplejos a millones de colombianos, el presidente Gustavo Petro decidió subir a tarima a nueve cabecillas de estructuras criminales durante un evento público en Medellín, en lo que él definió como un gesto de “paz urbana”.
Los presentes en la plazoleta de La Alpujarra vieron desfilar, junto al jefe de Estado, a criminales como alias Douglas, Pesebre, Vallejo y El Saya, todos ellos con amplios historiales por homicidio, extorsión y desapariciones forzadas.
“El que está preso no es un delincuente”
Durante un consejo de ministros televisado el 24 de junio, el presidente defendió su acción afirmando que aquellos hombres no eran delincuentes, sino “personas en rehabilitación”. Con esas palabras, Petro puso en jaque el principio de justicia que sostiene la democracia, enviando el mensaje de que el crimen puede no sólo ser perdonado, sino premiado con tarima, micrófono y aplausos presidenciales.
La voz firme de María Fernanda Cabal
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal reaccionó de inmediato y sin rodeos. En su cuenta de X, publicó la mañana del 25 de junio:
“Petro no pretenda lavarle la cara a los 9 criminales con los que se abrazó en La Alpujarra (…) aunque para usted sean ‘seres de luz’.”
Cabal ha sostenido que el perdón sin justicia es una traición a las víctimas, y que premiar criminales mina los pilares del Estado de Derecho. Para ella, lo ocurrido es más que una provocación: es una amenaza directa a la libertad de los colombianos de vivir seguros, de exigir justicia y de confiar en sus instituciones
El caso Devesa: infiltración al más alto nivel
A la controversia se suma el nombre de Ramón Devesa, un operador de ciberinteligencia extranjero denunciado por el asesinado congresista ecuatoriano Fernando Villavicencio. Devesa habría grabado el video de la devolución de $500 millones entregados por alias Papá Pitufo a la campaña de Petro en 2022 —video que jamás se conoció.
Pese a ello, la Agencia de Periodismo de Investigación (API) reveló que Devesa ingresó al menos 13 veces a la Casa de Nariño y habría trabajado en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) cuando era dirigido por Carlos Ramón González, hoy prófugo y acusado de corrupción.
¿Quién gobierna: la ley o el crimen?
Los hechos son alarmantes: mientras las víctimas siguen esperando justicia, los criminales ocupan espacios de honor. Mientras la ciudadanía pide seguridad, el gobierno legitima a quienes la arrebataron.
Colombia no puede permitirse normalizar la impunidad. Premiar al crimen es quitarle poder a la ley, y cuando la ley se debilita, lo que perdemos es la libertad.
María Fernanda Cabal representa la defensa firme de un país donde el delincuente paga, la víctima es reparada, y la justicia no se negocia.
