Investigación contra Gustavo Petro y María José Pizarro por los “Sexocontratos”

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió formalmente la denuncia penal el martes 27 de octubre.

El expediente fue asignado al despacho del magistrado instructor Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien inició la recolección de pruebas e interrogó a Jiménez durante cuatro horas el jueves 29 de octubre. La indagación busca esclarecer presuntas irregularidades en la contratación estatal destinadas al pago de favores sexuales atribuidos a Gustavo Petro.

El eje central de la denuncia descansa en la vinculación de Deicy Jiménez a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces senadora María José Pizarro, mediante un contrato por 34 millones de pesos. Según el relato de Jiménez, la relación con Petro inició en 2019 a través de una página de citas para adultos mientras él se desempeñaba como senador.

La tensión del expediente se elevó la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando Deicy Jiménez difundió en Instagram un video de un encuentro íntimo sosteniendo besos con Petro, presentándolo como evidencia del vínculo entre ambos.

La publicación ocurrió en un clima de alta vulnerabilidad procesal: un día antes, el martes 3 de noviembre, la Fiscalía debió suspender una diligencia tras la renuncia del primer abogado de Jiménez, Andrés Felipe Caballero, quien dimitió tras denunciar graves amenazas a su seguridad personal.

Al asumir la representación, la nueva defensora Dina Luz Malo anunció la entrega de la pieza audiovisual a la justicia. Jiménez, por su parte, hizo público su temor por su integridad física y la de su familia, responsabilizando a Petro de cualquier eventualidad.

Las investigaciones judiciales no se circunscriben a un solo contrato. En sus declaraciones bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema, Deicy Jiménez aseveró la existencia de una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres contratadas bajo dinámicas similares en entidades de primer orden, como el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La réplica de la los líderes políticos no se hizo esperar. La líder política y aspirante presidencial María Fernanda Cabal increpó directamente al exmandatario por intentar trasladar un debate de control fiscal y legal al terreno de la retórica poética:

“Petro, entienda: el punto es otro. Son los contratos a cambio de favores sexuales pagados por los colombianos. Ahí es donde el discurso de amor pierde todo valor. No desvíe el debate hablando de besos. Responda por los contratos.”

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Las hipótesis planteadas dependerán del peritaje técnico que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ejecuten sobre los dispositivos electrónicos retenidos, la autenticidad de las certificaciones laborales presentadas y el contraste entre los testimonios de las partes implicadas.