Las revelaciones sobre millonarios contratos automotrices suscritos por Country Motors, empresa vinculada a Santiago Alcocer Vélez, y los señalamientos de presuntos testaferratos ponen bajo la lupa judicial la influencia del entorno familiar de Verónica Alcocer en la contratación pública.
El escrutinio sobre el círculo cercano de la exprimera dama Verónica Alcocer ha alcanzado su punto más álgido tras destaparse una serie de transacciones contractuales y denuncias judiciales sobre la presunta influencia de sus familiares en entidades públicas.
Aunque el expresidente Gustavo Petro ha manifestado llevar años separado de Alcocer, los procesos y señalamientos mediáticos surgidos durante su periodo en la Casa de Nariño entre 2022 y 2026 continúan bajo la lupa de las autoridades colombianas e internacionales.
El debate no solo gira en torno a las graves declaraciones de su exasesora y examiga española Eva Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación, sino también alrededor de los acuerdos comerciales y contratos estatales suscritos por empresas vinculadas directamente a sus primos.
La operación vehicular de $29.000 millones y el nexo con la UNGRD
El foco central de los cuestionamientos contractuales apunta a Santiago Rafael Alcocer Vélez, primo de la exprimera dama y empresario del sector automotor vinculado como socio a la compañía Country Motors; De acuerdo con investigaciones periodísticas, Country Motors participó en una operación comercial en la que vendió 40 vehículos a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral Yapurutú, Posteriormente, dichos automotores fueron adaptados y revendidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por una suma de $29.000 millones de pesos
Este negocio tomó una dimensión penal de gran calado luego de que Francisco Estupiñán, quien se desempeñó como representante de Yapurutú, aceptó cargos en agosto de 2026 por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos dentro del entramado de corrupción de la entidad
Presencia en el Sena y gobernaciones regionales
La actividad de Country Motors con el sector estatal durante el cuatrienio presidencial no se limitó a la triangulación con proveedores de la UNGRD, también se conoce que en los registros oficiales de contratación figuran otros acuerdos de gran magnitud:
Sena Regional La Guajira: Un contrato suscrito en diciembre de 2025 por un valor de $849 millones de pesos, destinado a la adquisición de vehículos para un proyecto de restauración de aerobombas en comunidades indígenas wayúu.
Gobernación de Bolívar: Acuerdos contractuales para la adquisición y mantenimiento de automotores que sumaron $1.030 millones de pesos
Otras entidades públicas: Procesos contractuales adicionales celebrados con la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar y la Alcaldía de Dibulla
La indagación preliminar se abrió en septiembre de 2026 a raíz de audios revelados por la prensa en los que Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de liderar presuntas operaciones irregulares y de emplear a varios de sus primos en calidad de supuestos «testaferros»
Entre los señalamientos de Ferrer figuran presuntos cobros por nombramientos públicos, la desaparición de $1.000 millones de pesos en efectivo de la Consejería Presidencial para la Reconciliación, supuestos aportes de campaña por 2 millones de euros atribuidos al empresario catalán Manel Grau, e incluso menciones a operaciones financieras y de tráfico vinculadas a Venezuela. Por estos hechos, Alcocer continúa además designada en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
En el espectro familiar también resultó salpicado el diputado de Sucre Mario Fernández Alcocer (primo hermano de la exprimera dama), quien admitió haber sostenido reuniones sociales con Grau y con Verónica Alcocer, pero rechazó categóricamente haber entablado negocios con el empresario extranjero o haber financiado su campaña a la Gobernación con recursos provenientes de Caracas
Hasta la fecha, mientras la Fiscalía continúa verificando las pruebas y reiterando las citaciones a declarar a los denunciantes, los contratos estatales revelados evidencian cómo los negocios del entorno familiar de los Alcocer lograron una notable participación económica en múltiples entidades del Estado.
Redactado por: Javier Alejandro Hernández Correa
En X: @JaviPekerman
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