Colombia atraviesa una grave crisis social y moral cuando incluso las tragedias más dolorosas, como el abuso sexual infantil, son utilizadas por organizaciones radicales como excusa para promover el terrorismo urbano. Esto ocurrió recientemente en el colegio Codema, en la localidad de Kennedy, donde grupos de encapuchados —algunos de ellos menores de edad— aprovecharon el justo rechazo a un caso de abuso para destruir instalaciones, agredir docentes y sembrar el caos.
Lo paradójico es que incluso una organización como la ADE —de orientación ideológica claramente de izquierda— se ha visto obligada a rechazar tanto el abuso como los hechos violentos que atentaron contra el derecho a la educación de los niños. Aunque su comunicado evita mencionar directamente a los encapuchados o al terrorismo urbano, su condena revela que la violencia ya no puede ser justificada ni siquiera por quienes han guardado silencio ante ella en el pasado.
Este caso nos obliga a mirar más allá de las coyunturas. Durante los últimos años, se ha documentado cómo grupos armados ilegales y bandas criminales se infiltran en organizaciones sociales, culturales e incluso sindicales para adoctrinar a niños y jóvenes. Bajo la bandera de la “protesta social”, los manipulan para que ejecuten tomas violentas, bloqueos, ataques a la Fuerza Pública o, como en el Codema, la destrucción de un colegio.
Lo más grave es que esta instrumentalización de menores se encuentra amparada por una justicia garantista, que impide castigar adecuadamente a quienes cometen crímenes atroces. El caso del menor sicario que atentó contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay y luego se fugó de un centro del ICBF es una prueba alarmante del nivel de impunidad con el que operan estas estructuras. Este joven no será juzgado como adulto, pese a haber cometido un intento de homicidio, porque el sistema lo protege más a él que a sus víctimas.
La contradicción es evidente: mientras la opinión pública pide que un menor que comete un crimen de lesa humanidad reciba la misma condena que un adulto, el ministro de Justicia de Gustavo Petro, Eduardo Montealegre, propone una visión que, en la práctica, aumenta la inseguridad y protege al victimario.
Esto destruye la economía, porque la inseguridad espanta la inversión, limita la movilidad y genera miedo en los barrios. Pero sobre todo, destruye el alma del país: porque si los niños pueden ser usados como terroristas urbanos, como vándalos protegidos por el Estado, como armas políticas de una causa ideológica, entonces hemos perdido el rumbo como nación.
✊ Colombia necesita:
✅ Justicia real, no narrativa ideológica.
✅ Proteger a los niños, no convertirlos en carne de cañón del terrorismo urbano.
✅ Líderes valientes que no le teman a decir la verdad, así incomode a la ADE, al gobierno o a los activistas del doble rasero moral.
Para ser imparciales adjuntamos el comunicado de la ADE y dejar que la audiencia opine libremente.
Escrita por: Javier Alejandro Hernández Correa
Director de los independientes JJ
