La reciente circular CIR-2025-000184-4 de la Superintendencia de Notariado y Registro ha desatado una fuerte polémica en el país. La medida establece que, antes de vender una finca, los propietarios deben informar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que tendrá 15 días hábiles para decidir si ejerce su opción de compra preferencial.
Este requisito ha sido interpretado por sectores agropecuarios como una restricción a la libre disposición de la propiedad privada, ya que el único oferente inicial será el Estado, dejando a los propietarios sin la posibilidad de negociar con compradores privados hasta obtener una respuesta oficial.
El exviceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, se pronunció en su cuenta de la red social X, afirmando: “Los elementos de la propiedad privada en Colombia son uso, goce y libre disposición. Este es un zarpazo porque viola la libre disposición de la propiedad privada”. Su denuncia ha sido respaldada por gremios ganaderos y agrícolas, quienes advierten que la medida se asemeja a una “expropiación camuflada” dentro de un marco legal.
Además, la historia de adquisición de tierras por parte del Estado ha generado escepticismo entre los campesinos, quienes señalan que los pagos gubernamentales han sido incumplidos o tardíos en numerosas ocasiones, afectando la estabilidad financiera de los vendedores.
La discusión también toca el contexto de la Reforma Rural Integral, incluida en los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, donde la distribución de tierras quedó a criterio del Gobierno y del grupo armado, sin participación ciudadana.
A esta preocupación se suma el deterioro de la libertad económica en Colombia. Según el más reciente informe de la Fundación Heritage, el país ha caído 29 puestos en el Índice de Libertad Económica en los últimos tres años, pasando del puesto 60 en 2022 al 89 en 2025. Analistas atribuyen esta caída a un mayor gasto público ineficiente, menor integridad institucional y restricciones a la inversión privada, lo que ha generado incertidumbre en el mercado.
Mientras defensores de la reforma agraria afirman que la medida busca garantizar una distribución más equitativa de la tierra, críticos insisten en que vulnera el derecho a la libre disposición y podría afectar a campesinos propietarios que deseen vender sus tierras libremente.
La incertidumbre crece en el sector rural, y los afectados esperan claridad por parte del Gobierno sobre los alcances reales de la medida. ¿Será este el inicio de una transformación en el mercado de tierras en Colombia, o una limitación preocupante para los propietarios rurales?
El debate continúa.
Para leer la circular completa la puede descargar aquí:
