El Gobierno decreta el fin de un siglo de abandono institucional en las costas e islas del país, impulsando un histórico decreto de líneas de base y la transformación de San Andrés en un hub marítimo y logístico clave para el Caribe.
Durante más de un siglo, Colombia se gobernó desde la cordillera y de espaldas a sus costas marítimas. Sin embargo, la nueva postura geopolítica establece de manera categórica que Colombia no es solo un país con mar, sino una nación eminentemente marítima.
Desde un buque de la Armada Nacional en aguas territoriales, el mandatario Abelardo De La Espriella anunció el fin de la “catástrofe silenciosa” de ignorar el océano y no defender la soberanía continental e insular. Con esta decisión, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasa a ocupar un lugar prioritario e histórico en la agenda pública y la política marítima del Estado.
El centro de este rediseño institucional radica en saldar una deuda pendiente con la patria desde hace casi cinco décadas, Tras la Ley 10 de 1978 y el posterior trazado de las líneas de base continentales en 1984, las delimitaciones del archipiélago habían sido postergadas. El Ejecutivo dispuso expedir y publicar formalmente el decreto de líneas de base del archipiélago en las cartas náuticas oficiales de Colombia, midiendo con precisión técnica y coordenadas oficiales el territorio arrecifal conforme al derecho internacional.
Este procedimiento expedito facilitará que más embarcaciones adopten la bandera colombiana con San Andrés como puerto de registro, esta medida fomentará la creación de empleo, la capacitación de técnicos y marinos, la mejora de la infraestructura portuaria y la protección prioritaria de los bancos de pesca ancestrales para las comunidades raizales.
