El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se alista para radicar ante el Congreso de la República uno de los proyectos legislativos más ambiciosos y drásticos en materia de orden público.
La iniciativa, anunciada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se materializa en un articulado estatutario que abarca desde 116 páginas de borrador preliminar hasta más de 130 artículos finales, cuya primera prueba de fuego institucional será su presentación ante el Consejo de Política Criminal antes de iniciar su trámite formal por las comisiones primeras de la célula legislativa.
Lo que busca el Gobierno está muy claro: darle más dientes a la justicia y más fuerza a la Fuerza Pública para irse de frente contra los grupos armados Ilegales, al mismo tiempo, cortarles el chorro de la plata. Este giro busca cambiar la forma en que el Estado enfrenta a los grupos criminales, combinando operativos en el terreno con mano dura en sanciones y leyes.
La intención del gobierno es crear una lista como lo hace el gobierno de los Estados Unidos, llamado Registro Nacional de Organizaciones y actores terroristas; el Consejo de Seguridad Nacional iniciará el proceso para que un grupo sea incluido en esta lista a través de una instancia técnica, el proyecto del estatuto antiterrorista quiere integrar delegados de los ministerios del interior, justicia y relaciones exteriores, también a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Consejo de Seguridad Nacional.
Consecuencias de aparecer en la lista:
- Congelamiento automático e instantáneo de fondos, activos y recursos económicos o bancarios por parte del sistema financiero.
- Imposibilidad absoluta e impedimento legal para celebrar contratos con el Estado mientras se permanezca en la lista.
- Pérdida inmediata de acceso a subsidios, programas, beneficios y recursos de carácter público.
El estatuto habilita de forma explícita el uso de la superioridad aérea incluyendo bombardeos contra las estructuras identificadas como terroristas, esto se realizará bajo estricto cumplimiento del DIH Derecho Internacional Humanitario.
Los grupos categorizados en esta lista ya no tendrán estatus político, sino serán tratados como terroristas, el ministro del interior Rodrigo Lara Restrepo dijo al respecto lo siguiente:
“Si una organización comete actos terroristas, como tirarle granadas o tirarle drones o sembrar minas, pues es una organización terrorista que debe ser tratada como tal”.
Someterse a la justicia podría sacar al grupo armado ilegal de esta lista, la creación de un comisionado contra el terrorismo también se encuentra en el proyecto.
A continuación la noticia relatada en el café de hoy del tiempo:
